Fracaso del IMV: Los expedientes denegados duplican los aprobados

A años de su implementación, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) presenta un panorama desalentador: burocracia excesiva, rechazos masivos de solicitudes y resultados muy por debajo de los objetivos planteados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este subsidio, aprobado durante la pandemia para combatir la pobreza y apoyar a las familias con bajos ingresos o empleos precarios, tenía como meta llegar a 850.000 hogares vulnerables y beneficiar a 2,3 millones de personas, pero hasta la fecha solo alcanza a un millón. De las solicitudes recibidas, solo 428.000 hogares han sido aprobados, mientras que un millón de personas ha visto cómo la burocracia les cerraba las puertas a una renta que varía entre 491,6 y 1.081,6 euros, dependiendo del tamaño del hogar.

La mayoría de los rechazos, en seis de cada diez casos, se deben a que los solicitantes superan los límites de renta o patrimonio establecidos, lo que plantea la pregunta de si los requisitos para acceder a esta ayuda son demasiado estrictos. Aunque el IMV es compatible con otras prestaciones como el paro o subsidios por desempleo, los ingresos combinados no pueden superar el umbral establecido para cada hogar. Por ejemplo, en una familia de dos adultos y cuatro menores, si los ingresos del hogar superan los 1.120 euros, no se concede la ayuda, mientras que si los ingresos son de 750 euros, el IMV complementaría con 331 euros.

Además del exceso de ingresos, hay otras seis razones que explican el rechazo de solicitudes: incumplimiento de la edad mínima, falta de documentación, duplicidad de expedientes, no cumplir con los requisitos de residencia, no estar registrado como demandante de empleo, o no cumplir con los vínculos familiares requeridos. Hace diez meses, se habían denegado 450.000 solicitudes, pero ese número se ha duplicado, evidenciando una creciente barrera burocrática que dificulta el acceso al subsidio.

A pesar de esto, los tribunales están fallando a favor de los ciudadanos en el 58% de los casos de reclamación, según datos recientes. Esto demuestra que muchos de los rechazos del IMV han sido indebidos, obligando a la Seguridad Social a reconsiderar sus decisiones en numerosos casos. Un ejemplo notable es el de un solicitante en Galicia que, tras numerosas reclamaciones, ganó el juicio sin necesidad de presentarse en la sala, ya que la Administración reconoció su derecho a la ayuda para evitar el proceso judicial.

Con el fin de mejorar la cobertura del IMV, especialmente en hogares con menores, el Gobierno ha introducido una ayuda extra para la infancia, que puede alcanzar los 100 euros mensuales por cada niño menor de 3 años, 70 euros para niños de 3 a 6 años, y 50 euros para los menores de 18 años. Además, durante los meses de abril, mayo y junio, se implementó un aumento temporal del 15% en el IMV para contrarrestar el impacto económico de la guerra en Ucrania.

En paralelo, la Seguridad Social ha licitado un contrato de 4,7 millones de euros, financiado por fondos europeos, para rediseñar el IMV y mejorar su gestión. Empresas como KPMG, PricewaterhouseCoopers y Accenture están a cargo de la elaboración de informes que se presentarán a finales del verano. Estos estudios evaluarán las políticas de inclusión, simplificarán las prestaciones no contributivas y propondrán modelos basados en las mejores prácticas de países como Francia, Austria y Portugal.

Aunque el IMV fue presentado como una de las medidas clave del Gobierno para combatir la vulnerabilidad social, su implementación ha sido más lenta y complicada de lo esperado. En el primer pago, realizado en junio de 2020, solo 75.000 hogares recibieron el subsidio, y dos años después, apenas 353.000 familias adicionales han logrado acceder a él.