Se impulsa una ley para agilizar la tramitación del IMV ¿Qué mejoraría?

"Sumar", el grupo político liderado por Yolanda Díaz ha presentado en el Congreso una propuesta de ley para modificar la normativa del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Su objetivo es reducir los tiempos de revisión de la prestación, simplificar los trámites burocráticos y establecer un marco legal específico para las ayudas de emergencia. Esta iniciativa responde a lo acordado con el PSOE dentro del pacto de Gobierno firmado en octubre de 2023.

Principales mejoras que propone la reforma

Sumar considera urgente corregir el retraso que existe entre el reconocimiento de la prestación y su revisión, ya que este desfase genera incertidumbre en los beneficiarios. Además, busca simplificar el proceso administrativo para facilitar el acceso a la ayuda y, en casos de emergencia como catástrofes naturales, plantea sustituir la presentación de documentos por una declaración responsable, evitando así trámites engorrosos.

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), solo el 36% de los hogares que podrían beneficiarse del IMV acceden efectivamente a la prestación, debido a la complejidad del proceso. Para mejorar este acceso, la propuesta de ley incluye:

✔️ Reducir la edad mínima para solicitar el IMV en personas que viven solas, bajándola de 23 a 18 años.
✔️ Modificar el cálculo de ingresos, teniendo en cuenta únicamente los últimos tres meses en lugar de todo el ejercicio anterior.
✔️ Excluir la hipoteca de la vivienda habitual del cómputo de ingresos, evitando que perjudique el acceso a la ayuda.

Creación de un régimen propio para las ayudas de emergencia

El proyecto de ley también introduce cambios en el complemento de ayuda a la infancia, estableciendo una cuantía mensual por cada menor en la unidad de convivencia, sin necesidad de ser perceptor del IMV. Por otro lado, elimina la prestación para convivientes sin vínculo familiar y limita la unidad de convivencia a parientes de primer grado.

Además, insta a las comunidades autónomas a diseñar nuevas prestaciones de emergencia dentro de un plazo de 12 meses, financiadas con sus propios presupuestos. La falta de un marco legal específico para este tipo de ayudas genera demoras innecesarias y sobrecarga los servicios municipales, lo que impide una respuesta rápida a situaciones urgentes.

Con esta reforma, Sumar busca garantizar que las ayudas económicas de emergencia sean gestionadas de manera más ágil y eficiente, respondiendo verdaderamente a las necesidades de los ciudadanos en momentos críticos.